?? SENADO DE EE. UU. APRUEBA RESOLUCIÓN CONTRA EL RÉGIMEN DE MADURO Y RECONOCE A LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA DE VENEZUELA

Washington, D.C. – Julio de 2025.

El Senado de los Estados Unidos, durante su 119.º Congreso en sesión ordinaria, emitió una resolución firme y detallada contra el régimen de Nicolás Maduro, denunciando las graves violaciones a los derechos humanos, el desmantelamiento institucional y la represión sistemática en Venezuela. La resolución también reconoce el liderazgo democrático de María Corina Machado y Edmundo González, así como la resiliencia del pueblo venezolano ante la deriva autoritaria.

UNA DÉCADA DE AUTORITARISMO Y REPRESIÓN

Desde su llegada al poder en 2013, Nicolás Maduro ha profundizado la erosión del orden democrático venezolano. La persecución política, el silenciamiento de voces críticas y la eliminación progresiva de los contrapesos institucionales han sido prácticas constantes del régimen. Esta conducta ha generado investigaciones por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.

Pese a los compromisos internacionales adquiridos, Maduro ha incumplido reiteradamente su palabra. En particular, el acuerdo electoral firmado en Barbados en octubre de 2023, fue violado con la exclusión arbitraria de la candidata opositora María Corina Machado de las elecciones presidenciales de julio de 2024, a pesar de haber ganado con amplio respaldo en las primarias opositoras.

ELECCIONES FRAUDULENTAS Y UNA OPOSICIÓN RESISTENTE

La contienda electoral de julio de 2024 se llevó a cabo en condiciones severamente restringidas. Observadores independientes coinciden en que Edmundo González fue el verdadero ganador, aunque los resultados oficiales nunca se publicaron. El régimen bloqueó toda auditoría y desoyó la voluntad popular, consolidando así una toma de poder ilegítima el 10 de enero de 2025.

La respuesta del aparato chavista fue inmediata: represión violenta, detenciones masivas, desapariciones forzadas y persecución judicial contra dirigentes opositores. Entre las medidas más represivas destacan:

La muerte de al menos 25 manifestantes y más de 2.000 detenciones arbitrarias en protestas pacíficas. La activación del plan “Furia Bolivariana”, con ataques a medios, ONG y activistas. La ejecución de la “Operación Tun Tun”, centrada en inspecciones forzosas y amenazas por parte de grupos armados progubernamentales. Órdenes de captura contra líderes como María Corina Machado y Edmundo González, lo que forzó a muchos dirigentes al exilio. Aprobación de una ley contra ONG, diseñada para neutralizar a la sociedad civil.

Hasta abril de 2025, al menos 896 presos políticos permanecían privados de libertad y 62 personas seguían desaparecidas. Reportes de organizaciones de derechos humanos revelaron casos de tortura, negligencia médica y alimentaria, y al menos cuatro muertes bajo custodia desde las elecciones.

CONTINUIDAD DE LA REPRESIÓN Y RESISTENCIA POPULAR

A lo largo de 2025, el régimen amplió su ofensiva autoritaria. Edmundo González tuvo que huir del país; su yerno, Rafael Tudares, fue arrestado; y otros dirigentes se refugiaron en embajadas extranjeras. En mayo, un operativo humanitario logró extraer a varios opositores de la Embajada de Argentina.

Para las elecciones regionales del 25 de mayo de 2025, el chavismo impidió postulaciones opositoras, bloqueó la observación internacional, y eliminó mecanismos de verificación ciudadana. En los días previos, más de 70 activistas fueron detenidos, incluyendo a Juan Pablo Guanipa.

RESOLUCIÓN DEL SENADO

Ante este panorama, el Senado de los Estados Unidos acordó:

Reconocer públicamente el liderazgo valiente de María Corina Machado, símbolo de la resistencia democrática en Venezuela. Exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y ciudadanos extranjeros detenidos injustamente, incluyendo a Juan Pablo Guanipa. Reafirmar el compromiso del Gobierno de EE. UU., bajo la administración del presidente Donald Trump, con una transición pacífica hacia la democracia, con el fin de frenar la crisis humanitaria, política y económica que afecta al pueblo venezolano.

Esta resolución representa una declaración categórica de respaldo a los derechos humanos, la libertad y el Estado de derecho en Venezuela, y envía un mensaje claro al régimen de Nicolás Maduro: el mundo sigue observando y no será indiferente ante la opresión.