Detenidos más de 100 repartidores y ciudadanos tras despliegue de fuerzas federales en Washington D.C. ordenado por Donald Trump

Washington D.C., 15 de agosto de 2025 – La capital de Estados Unidos se encuentra bajo un inédito operativo de seguridad tras la decisión del presidente Donald Trump de asumir el control de la Policía Metropolitana e implementar un despliegue masivo de fuerzas estatales y federales, medida que ha generado un fuerte debate político y legal.

Amparado en la Sección 740 de la Home Rule Act, Trump federalizó temporalmente el cuerpo policial local, argumentando la existencia de una “emergencia de seguridad pública”. Esta decisión permitió el ingreso de más de 800 miembros de la Guardia Nacional y 1.650 agentes federales provenientes de agencias como el FBI, ICE y DEA, distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.

En la primera semana del operativo se registraron más de 100 detenciones, incluyendo a repartidores de plataformas de delivery, acusados de diversos cargos que van desde infracciones de inmigración y posesión de drogas, hasta resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas. Los arrestos se realizaron en zonas concurridas como Union Station, U Street y 14th Street, donde también se instalaron puntos de control que generaron enfrentamientos verbales con manifestantes y posterior retiro por parte de las autoridades.

La medida ha provocado la reacción inmediata del gobierno local. La alcaldesa Muriel Bowser y el fiscal general del Distrito de Columbia interpusieron una demanda contra la Casa Blanca, calificando la intervención como una “toma hostil” que viola la autonomía de la ciudad. Organizaciones de derechos civiles han denunciado un uso excesivo de la fuerza y un intento de militarizar la capital.

Mientras tanto, la administración Trump sostiene que las acciones son necesarias para “restablecer el orden y proteger a los ciudadanos frente a amenazas crecientes”, pese a que las estadísticas oficiales indican que los índices de criminalidad se mantienen en mínimos históricos.

El futuro del operativo dependerá de la aprobación del Congreso para su extensión más allá de los 30 días iniciales, en medio de una creciente tensión política y social en la capital estadounidense.