El Senado de EE. UU. aprueba operación militar contra carteles narcoterroristas en el Caribe por estrecho margen

Washington, D.C. – En una votación reñida de 51 a 48, el Senado de Estados Unidos rechazó una moción que buscaba limitar el poder del presidente para realizar intervenciones militares contra embarcaciones en el Caribe supuestamente vinculadas al narcotráfico, consolidando de facto el apoyo del órgano legislativo a la estrategia militar recientemente adoptada por la Casa Blanca. 

Contexto de la operación militar

Desde agosto de 2025, el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado sus acciones en el Caribe, calificando a ciertos carteles como “narcoterroristas” y argumentando que dichos grupos representan una amenaza directa a la seguridad nacional. 

Entre las acciones emprendidas:

Al menos cuatro embarcaciones han sido destruidas en el Caribe mediante ataques militares estadounidenses, con un saldo de al menos 21 personas fallecidas, según fuentes del gobierno.  Las operaciones han sido justificadas bajo la premisa de que EE. UU. se encuentra en un “conflicto armado” no internacional contra estos grupos, lo que amplía la interpretación del uso de fuerza militar bajo la ley de guerra.  No obstante, varios congresistas y expertos legales han criticado la falta de transparencia: hasta ahora no se ha presentado evidencia pública concluyente de que las embarcaciones atacadas transportaban drogas o de que sus tripulantes fueran miembros identificables de los carteles objetivo. 

La votación decisiva

La moción sometida a votación buscaba que el presidente solicitara autorización del Congreso antes de emprender nuevos ataques militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. La iniciativa fue respaldada por legisladores demócratas y algunos republicanos disidentes, pero fue rechazada por mayoría. 

Entre los fieles apoyos para la operación militar, se destacan figuras republicanas que han sostenido que estas acciones son fundamentales para romper las rutas de tráfico marítimo de drogas hacia Estados Unidos y preservar la soberanía nacional. 

Algunos senadores disidentes, incluso dentro de su propio partido, argumentaron que el Congreso no debe abdicar su potestad constitucional sobre la autorización del uso de la fuerza. 

Reacciones y desafíos jurídicos

Preocupaciones constitucionales y legales: Algunos legisladores cuestionan si el presidente puede, sin autorización expresa del Congreso, declarar un conflicto armado contra entidades no estatales dedicadas al narcotráfico.  Falta de evidencia pública: A pesar de que el gobierno ha divulgado fragmentos de video y argumentos de inteligencia clasificada, hasta ahora no ha entregado pruebas definitivas de que los barcos atacados transportaban drogas.  Riesgo de escalamiento regional: Gobiernos vecinos y organizaciones internacionales podrían ver estas acciones como una injerencia militar en aguas cercanas a países soberanos o como una provocación hacia regímenes con los que EE. UU. mantiene tensiones diplomáticas, particularmente Venezuela.  Estrategia de intimidación: Al defender la intervención militar, la administración sostiene que estas acciones sirven como disuasión para disolver las redes marítimas del narcotráfico y cortar la financiación de organizaciones criminales transnacionales. 

Próximos pasos y escenarios

Con el rechazo de la moción, el Senado ha ratificado tácitamente la autoridad presidencial para continuar estos ataques sin la obligación de rendir cuentas inmediatas al Congreso. Esto supone un precedente delicado en las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en materia militar.

Se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas resoluciones legislativas, audiencias y debates para exigir mayor control, transparencia y límites claros a estas operaciones militares. Adicionalmente, el gobierno deberá enfrentar los costos diplomáticos y el escrutinio internacional, especialmente si surgen dudas sobre legitimidad, proporcionalidad o daño a civiles.