
Washington, D.C. – 23 de noviembre de 2025.
El Gobierno de los Estados Unidos oficializó este Domingo la designación del llamado Cártel de los Soles como Organización Terrorista Foránea (FTO), según consta en la nueva publicación del Federal Register, el equivalente a la Gaceta Oficial estadounidense.

La medida, emitida por el Departamento de Estado en coordinación con el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia, afirma que existe suficiente base legal y evidencia para concluir que esta organización —vinculada a altos mandos del régimen venezolano y a estructuras militares— participa en actividades que cumplen los criterios de terrorismo internacional.
El documento establece que la designación se realiza bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), normativa que autoriza a Estados Unidos a clasificar como terroristas a grupos extranjeros involucrados en actividades que amenacen su seguridad nacional o política exterior.
De acuerdo con el anuncio oficial, la publicación en el Federal Register hace efectiva la designación a partir de este lunes 24 de noviembre de 2025, dando inicio a un nuevo marco legal que permitirá aplicar sanciones, congelamiento de activos, persecución penal, órdenes de captura internacional y restricciones migratorias más severas contra todos sus miembros, colaboradores y financistas.
La inclusión del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas representa un cambio de alto impacto en la política estadounidense hacia Venezuela. Analistas coinciden en que esta medida presionará directamente al entorno del gobernante Nicolás Maduro, al considerar que figuras de su estructura de poder estarían involucradas en dicha red criminal.
Con esta designación, la Administración Trump queda ahora obligada a definir su estrategia diplomática, judicial y operativa frente a esta nueva clasificación, mientras organismos federales se preparan para aplicar las disposiciones correspondientes contra personas y entidades asociadas al grupo.
La decisión marca un precedente histórico en la relación bilateral entre Washington y Caracas, elevando el nivel de confrontación y abriendo la puerta a nuevas acciones legales y políticas contra el régimen venezolano.

