Organizaciones de derechos humanos y activistas independientes han expresado alarma ante rumores persistentes sobre la posible liberación y reclasificación como “presos políticos” de figuras vinculadas al chavismo, en el contexto de las recientes excarcelaciones anunciadas por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

En las últimas horas, el Gobierno venezolano confirmó la liberación de 99 personas detenidas en el marco de las protestas postelectorales de 2024, la mayoría recluidas en el Centro Penitenciario de Tocorón y otros centros como Las Crisálidas. ONG como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han calificado esta medida como “insuficiente”, al registrar aún más de 800 presos políticos en el país, muchos de ellos detenidos arbitrariamente por motivos políticos.

Sin embargo, fuentes no oficiales señalan con preocupación el caso de Wilmer Apóstol, exdirector nacional de establecimientos penitenciarios y mano derecha de la exministra Iris Varela durante el período 2011-2018. Apóstol fue destituido en mayo de 2023 por actos de corrupción administrativa, junto a miembros de su equipo como Gandhy Rada e Isabel González, en el marco del “plan de restauración” promovido por la entonces ministra Celsa Bautista.

Apóstol ha sido señalado históricamente como uno de los responsables directos de la consolidación del sistema de “pranes” en las cárceles venezolanas, una política que permitió el control de pabellones por líderes negativos a cambio de “paz carcelaria”, dando origen a estructuras criminales como el Tren de Aragua.

Aunque no hay confirmación oficial de su liberación varias fuentes consultadas confirman la versión de que figuras como él podrían estar siendo “recicladas” como supuestos “disidentes” o beneficiarios de medidas de gracia, con el fin de diluir la narrativa de represión selectiva contra la oposición y evitar sospechas internacionales.

“Estas maniobras buscan maquillar la realidad: mientras se liberan selectivamente a algunos detenidos por protestas legítimas, se protege a los arquitectos del sistema represivo y corrupto que aún opera en las sombras”, declaró un activista anónimo consultado por este medio.