Guárico, Venezuela.

Privados de libertad recluidos en el Centro Penitenciario 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico, denunciaron presuntos abusos y actos de corrupción atribuidos al director del penal Marcel González , a quien acusan de lucrarse con la distribución de alimentos dentro de la cárcel.

Según testimonios difundidos por los internos, las autoridades carcelarias han suspendido en repetidas ocasiones las visitas y el ingreso de comida por parte de familiares, medida que —afirman— tiene como propósito obligar a los reclusos a comprar alimentos dentro del penal a precios “exorbitantes”.

Los reclusos señalan que el propio director estaría controlando dichas ventas, aprovechándose de la necesidad y escasez para obtener ganancias personales. Aseguran además que con el dinero recaudado se estarían montando negocios privados fuera del penal.

Los denunciantes explican que durante meses han mantenido la calma para evitar tensiones internas y sostienen que en el centro penitenciario no existe una figura de pranato, lo que hasta ahora ha permitido que la convivencia se mantenga bajo control y sin grupos de poder internos.

Sin embargo, afirman que la situación ha llegado a un límite y que se podrían generar protestas si las autoridades de supervisión penitenciaria no intervienen inmediatamente para verificar las acusaciones y destituir al director señalado.

Los privados de libertad hicieron un llamado directo al Ministerio para el Servicio Penitenciario, a organismos de control interno y a defensores de derechos humanos, recordando que el derecho a la alimentación es un elemento fundamental para la dignidad humana y no debe convertirse en un negocio a costa del sufrimiento de la población encarcelada.