Caracas, Venezuela. — Familiares y allegados de Jorge Carrizo, oriundo de Santa Elena de Arenales, y Héctor Alonso Sánchez, residente de El Vigía, denunciaron públicamente una presunta cadena de irregularidades judiciales que terminó con la condena de ambos ciudadanos a 12 años y 6 meses de prisión, pese a que el propio fallo judicial reconoce que el origen del caso fue un error del banco involucrado.

El origen del caso

Los hechos se remontan a junio de 2021, cuando la entidad bancaria Bancaribe contactó a la empresa HECARRI, un pequeño comercio de víveres y verduras ubicado en la avenida 2 Lora de la ciudad de Mérida, por una serie de depósitos que habrían sido atribuidos a Alimentos Polar, empresa con la que mantenían relación comercial.

Según la versión expuesta por los afectados, dichos fondos correspondían a un crédito gestionado verbalmente con la sucursal bancaria en Mérida. Sin embargo, la gerencia central del banco en Caracas negó posteriormente la existencia de ese acuerdo y exigió la devolución del dinero, aun cuando el monto ya había sido recuperado por la propia institución financiera.

Pese a ello, el banco procedió a bloquear las cuentas del comercio e impulsó una acción penal contra sus representantes.

Detenciones y proceso penal

En mayo de 2022, Carrizo y Sánchez fueron detenidos y acusados de fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Desde entonces, el proceso judicial ha estado marcado —según denuncian las familias— por retrasos injustificados y decisiones que vulneran el debido proceso.

Durante el juicio, aseguran que no compareció ningún representante de Alimentos Polar, ni se presentaron documentos que demostraran la existencia de una transferencia fraudulenta. Además, se evidenció que el banco utilizó un sistema denominado Cash Management, para el cual HECARRI no cumplía los requisitos, reforzando la tesis de un error operativo de la entidad bancaria.

Una condena que genera cuestionamientos

En octubre de 2024, el tribunal dictó sentencia condenatoria contra ambos comerciantes. De acuerdo con los denunciantes, el fallo resulta especialmente contradictorio, ya que el propio juez admitió en la sentencia que existió un error por parte del banco, pero aun así impuso una pena superior a los doce años de cárcel a quienes actuaban únicamente como clientes.

Situación actual y denuncias

Actualmente, el caso se encuentra en fase de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, luego de que una Corte de Apelaciones ratificara la condena sin analizar de forma exhaustiva los argumentos de la defensa.

Las familias denuncian corrupción judicial, persecución penal y presuntas solicitudes de dinero a cambio de libertad, sin que hasta ahora hayan obtenido respuesta efectiva por parte del Ministerio Público.

Ante esta situación, exigen una revisión profunda del caso, el respeto al debido proceso y que se haga justicia en lo que califican como una condena basada en un error bancario y sin pruebas determinantes.