Este miercoles fueron sepultados Arístides Figueroa y John Matute, los dos bomberos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber mientras combatían un incendio registrado en las instalaciones de PDVSA Morichal, en el estado Monagas.

De acuerdo con información conocida hasta el momento, ambos funcionarios cayeron en un pozo de residuos petrolíferos, donde terminaron completamente calcinados, en medio de una emergencia marcada por condiciones extremas y alto riesgo. La magnitud de lo ocurrido ha generado profunda consternación entre sus compañeros de trabajo, familiares y la comunidad en general.

Pese a la gravedad del hecho, hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial por parte de PDVSA ni de ningún organismo del Estado que explique con claridad cuáles fueron las fallas operativas, bajo qué protocolos se desarrollaban las labores de extinción del incendio o por qué los bomberos quedaron expuestos a un peligro letal sin la protección adecuada.

El hermetismo institucional ha incrementado las dudas y la indignación pública, mientras crece el clamor por una investigación seria, transparente e independiente que permita determinar responsabilidades y establecer si existió negligencia, omisiones en materia de seguridad industrial o fallas en los planes de contingencia.

Familiares de las víctimas exigen no solo justicia, sino también una indemnización justa y el respaldo integral del Estado, ya que ambos bomberos dejaron familias que dependían económica y emocionalmente de ellos. Sus muertes no solo enlutan al Cuerpo de Bomberos del estado Monagas, sino que reavivan el debate sobre las condiciones laborales y de seguridad en zonas petroleras del país.

Mientras los cuerpos ya reposan bajo tierra, las preguntas siguen sin respuesta. El silencio oficial, lejos de cerrar el capítulo, agrava el dolor y profundiza la desconfianza, en un caso que exige verdad