Una investigación realizada por este medio revela un hecho de extrema gravedad ocurrido en el estado Delta Amacuro, específicamente en el municipio Antonio Díaz, parroquia Manuel Renaud, que hasta la fecha no ha sido informado oficialmente por el gobierno venezolano, pese a ser de conocimiento general entre los pobladores de la zona.

Según testimonios recabados directamente en comunidades del delta, habitantes del pueblo indígena Warao se trasladaron hasta el sitio señalado y observaron la presencia de samuros alimentándose de restos humanos, una escena que generó alarma y reforzó las versiones sobre un evento violento de gran magnitud. Ante esta situación, los pobladores exigen que las autoridades competentes se apersonen de inmediato en el lugar para verificar los hechos.

De acuerdo con la información obtenida, en un caño —brazo del río Winikina— operaba una base armada irregular ubicada a aproximadamente diez minutos de la salida al océano Atlántico. Los habitantes aseguran que la presencia de este grupo era conocida desde hace tiempo, pero el miedo a posibles represalias impuso un silencio absoluto dentro de las comunidades.

Los hechos habrían ocurrido alrededor del 16 de enero, cuando residentes de la zona aseguran haber escuchado detonaciones y explosiones de gran poder, que habrían provocado la destrucción de la maleza circundante y la formación de cráteres de gran tamaño en el terreno. Posteriormente, esta investigación confirmó que la base fue presuntamente bombardeada y que, tras el evento, la estructura desapareció por completo, lo que refuerza la hipótesis de una operación armada de alto impacto.

Resulta particularmente alarmante que, pese a la magnitud del suceso y a tratarse de una zona estratégica con acceso directo al océano Atlántico, ningún organismo del Estado haya emitido comunicados, reportes o explicaciones públicas. Esta región ha sido señalada históricamente como ruta clave para actividades ilícitas como contrabando, narcotráfico y tráfico de personas.

Habitantes del municipio aseguran que el temor persiste y que la ausencia de información oficial solo incrementa la incertidumbre, dejando a las comunidades expuestas y sin claridad sobre quiénes operaban en el lugar, qué fuerza ejecutó la acción ni si existen riesgos actuales para la población.

Este caso vuelve a poner en evidencia la opacidad con la que se manejan hechos de seguridad nacional en zonas fluviales y fronterizas del país, mientras las comunidades indígenas quedan atrapadas entre el miedo, el silencio forzado y la falta absoluta de respuestas.