Pequeños productores agropecuarios del estado Guárico denunciaron una serie de hechos irregulares que estarían ocurriendo en las adyacencias de la Cárcel 26 de Julio, donde aseguran que animales de su propiedad están siendo sustraídos de manera sistemática.

De acuerdo con los testimonios recabados, los productores afirman que el ciudadano Yunior Ramírez, quien se desempeña como director de custodios a nivel nacional y actualmente se encuentra asignado a este centro penitenciario, estaría involucrado en la presunta sustracción ilegal de ganado bovino, caballos y mulos, configurándose el delito de cuatrerismo.

Los animales pastorean desde hace años en terrenos agrícolas cercanos a la llamada caja de trabajo penitenciario, áreas que, según los denunciantes, han permanecido baldías por más de ocho años y han sido utilizadas históricamente por pequeños productores de la zona. Sin embargo, aseguran que en reiteradas oportunidades han observado cómo privados de libertad, acompañados por custodios, son sacados del recinto carcelario para capturar ganado perteneciente a terceros.

Según la denuncia, en estas acciones participarían más de 60 privados de libertad, quienes trasladan los animales hasta las instalaciones del centro penitenciario, donde presuntamente son sacrificados. Solo en la jornada más reciente, los afectados señalan que tres vacas y un mulo fueron retenidos y permanecen dentro de la cárcel.

Los productores indican que cuentan con material probatorio, incluyendo registros audiovisuales y testimonios, que respaldan los hechos denunciados. No obstante, afirman que pese a haber realizado denuncias previas, no se ha producido ninguna actuación efectiva por parte de las autoridades.

Asimismo, relatan que al intentar dialogar directamente con el funcionario señalado, fueron objeto de amenazas e intimidaciones, recibiendo como respuesta que “él es el gobierno”, lo que ha generado temor entre las familias productoras de la zona.

Ante esta situación, los denunciantes hacen un llamado a los organismos competentes para que se inicie una investigación exhaustiva, se garantice la protección de los productores afectados y se ponga fin a estas presuntas prácticas ilegales que estarían afectando gravemente la producción agropecuaria local.