
Caracas / Petare, 25 de marzo de 2026.– El comisario Yoel Felipe Reyes Escalona, exfuncionario del SEBIN y exdirector general de la Policía del Estado Aragua (PoliAragua), ha asumido recientemente la jefatura de la Policía del Municipio Sucre (POLISUCRE), según denuncias y publicaciones difundidas en redes sociales durante los últimos días.

La designación ha generado controversia inmediata, debido al historial público del funcionario. Reyes Escalona ya había estado en el centro de la polémica tras su secuestro y posterior rescate en la carretera Panamericana en el año 2021, mientras se desplazaba en una camioneta Toyota FJ.



Posteriormente, en enero de 2024, durante su gestión en PoliAragua, fue señalado en redes sociales luego de que circularan videos donde presuntamente intentaba apropiarse de terrenos baldíos en una comunidad del estado Aragua. En las imágenes se le observa llegando en un vehículo de alta gama, lo que desató cuestionamientos sobre su patrimonio. Usuarios en plataformas como X (Twitter) lo vincularon con presunto enriquecimiento ilícito, exigiendo incluso la intervención del fiscal general Tarek William Saab.
De igual forma, portales alternativos como NoticiasJR han publicado contenidos donde se le relaciona con presuntas irregularidades dentro de la Policía Bolivariana de Aragua, incluyendo supuestos vínculos con redes de chatarreros protegidos a cambio de pagos en divisas, así como señalamientos de prácticas irregulares dentro del INTT y otras dependencias.

En redes sociales, diversos usuarios y activistas lo identifican con el alias de “El Loco”, acusándolo de actuar con prepotencia y abuso de poder, lo que ha incrementado el rechazo hacia su reciente designación.
Hasta el momento, no se han producido pronunciamientos oficiales por parte del Ministerio Público ni del Gobierno nacional respecto a estas denuncias que circulan públicamente.
La llegada de Reyes Escalona a POLISUCRE, en una de las zonas más sensibles del país como Petare, ha despertado preocupación en sectores de la sociedad civil, que exigen transparencia, rendición de cuentas y la apertura de investigaciones ante los múltiples señalamientos.

