Vecinos del sector Sabana Grande, en Tinaquillo, estado Cojedes, reportaron que el pasado 7 de abril un hombre fue sorprendido manteniendo relaciones sexuales con una yegua en las instalaciones del cementerio local.
El sujeto, conocido en la zona con los apodos de “El Camara” o “El Compita”, reside en la calle El Roble del sector Sabana Grande. Según testigos, fue descubierto en pleno acto y grabado en video, pero hasta el momento no se ha registrado denuncia formal ante las autoridades y el hombre continúa circulando con normalidad por la comunidad.
En el ámbito rural de Cojedes y otras zonas del país, algunos campesinos consultados minimizan este tipo de conductas y las consideran “cosas que pasan” o parte de tradiciones antiguas en el campo. “En el monte eso se ha visto siempre”, comentaron de forma anónima varios habitantes, argumentando que la cercanía diaria con los animales en las fincas genera una familiaridad que, para algunos, normaliza estos actos.
Sin embargo, la legislación venezolana rechaza tajantemente estas prácticas. Aunque el Código Penal actual (artículo 478) sanciona el maltrato o muerte de animales con penas leves (arresto de 8 a 45 días o multas), la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio (2010) califica como infracciones graves los actos de crueldad que causen sufrimiento al animal. Además, el proyecto de Ley para el Trato Digno de Animales de Compañía, impulsado por la Fiscalía General de la República, busca tipificar expresamente la zoofilia (bestialidad) como delito, con penas de hasta dos años de prisión, y contempla sanciones más severas (hasta seis años) cuando el maltrato animal sea grave, cause la muerte o sea agravado por actos de bestialidad.
Expertos y defensores de los derechos animales advierten que estas conductas no solo implican crueldad y sufrimiento para el animal, sino que pueden representar un riesgo para la sociedad, especialmente cuando se asocian con posibles escaladas hacia otros delitos contra personas, incluyendo menores.
Hasta ahora, ni el CICPC, ni la Fiscalía del estado Cojedes ni la Alcaldía de Tinaquillo han emitido declaraciones sobre el caso. Vecinos preocupados exigen que se inicie una investigación formal, se recabe el video como prueba y se evalúe el riesgo que representa el denunciado para la comunidad, particularmente para niños y adolescentes del sector.
Organizaciones de protección animal recordaron que cualquier persona puede denunciar estos hechos ante el Ministerio Público o el CICPC, y que la indiferencia solo contribuye a normalizar conductas que las leyes modernas buscan erradicar.
Este caso revive el debate entre costumbres rurales arraigadas y la necesidad de actualizar el marco legal para proteger a los animales como seres sintientes y garantizar una convivencia digna en la sociedad venezolana