El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por la muerte de Wilkerman Ramírez, un caso que, como cualquier otra pérdida humana, amerita atención, justicia y verdad. Sin embargo, este repentino despliegue institucional vuelve a poner en evidencia una dura realidad: en Venezuela, no todos los casos reciben el mismo trato, ni todas las víctimas tienen el mismo valor ante el Estado.
Mientras hoy las autoridades activan pesquisas, comisiones y declaraciones oficiales por la muerte de Ramirez familias enteras siguen esperando justicia por casos igual de graves o incluso más evidentes, pero que fueron ignorados porque los responsables pertenecían a cuerpos de seguridad o estaban vinculados al poder político.
Entre ellos destacan:
— Jesús Montero
Arrollado en Carabobo. A pesar de las pruebas, testimonios y señalamientos claros, el caso quedó paralizado porque el victimario presuntamente tenía vínculos con altos empresarios extranjeros protegidos por el Chavismo y gozaba de protección dentro del sistema.
— Alejandro Barrios
También en Carabobo. Según denuncias públicas hechas por Thefountainvenz.blog, su muerte involucró a funcionarios policiales. El caso fue silenciado, minimizado y nunca tuvo la misma urgencia que otros expedientes donde los responsables no eran parte de la estructura estatal.
Un patrón evidente
La diferencia en el trato no es casual. En Venezuela, cuando el homicida no es un PNB, un escolta de un enchufado o un funcionario conectado con el poder, la justicia se muestra rápida, eficiente y mediática.
Pero cuando los responsables pertenecen a cuerpos como la PNB, el Cicpc, la GNB o son escoltas de figuras del régimen, entonces ocurre lo contrario:
No hay detenidos. No hay avances. No hay declaraciones. No hay justicia.
Todas las víctimas importan
La muerte de Wilkerman Ramírez debe investigarse, sí. Pero Jesús Montero y Alejandro Barrios también merecían la misma atención, el mismo despliegue y las mismas declaraciones oficiales. Sus familias siguen luchando contra la impunidad selectiva de un sistema que protege a victimarios ligados al poder y deja en abandono a los ciudadanos comunes.
Responsabilidad del Estado
El Estado venezolano tiene la obligación constitucional y moral de garantizar que todas las muertes sean investigadas con la misma rigurosidad, sin importar si el responsable viste uniforme o tiene un cargo público.
La justicia no puede ser selectiva.
La justicia no puede ser política.
La justicia no puede depender del carnet del responsable.