Guasimal, Venezuela.– Habitantes de la comunidad Guasimal Casas, integrada por los sectores A, B y C, denunciaron la presunta ocupación de un terreno que, según indican, ha sido resguardado durante más de dos décadas con el propósito de desarrollar proyectos de carácter social en beneficio de la población.
Voceros comunitarios informaron que el espacio habría sido destinado para la construcción de un liceo que permita a los jóvenes cursar estudios de educación media sin trasladarse a otras localidades, así como áreas deportivas, una casa comunal, espacios para la atención de adultos mayores y una plaza para actividades recreativas y culturales.
De acuerdo con los residentes, estas iniciativas han sido presentadas en distintas oportunidades ante organismos del Estado durante varios períodos gubernamentales, sin que hasta ahora se haya concretado su ejecución.
Señalan además que la comunidad ha mantenido y protegido el terreno, donde se han desarrollado obras como una cancha deportiva y un parque biosaludable.
Los denunciantes aseguran que desde 2024 se han registrado acciones que consideran contrarias al uso previsto del espacio. En ese sentido, señalaron al ciudadano Arturo Gabriel Piter Casanova, identificado con la cédula de identidad N.º 15.276.805 y a quien describen como Juez de Paz de la comunidad Ciudad Socialista Guasimal, de presuntamente promover la ocupación del terreno mediante la conformación de una asociación de vecinos y la incorporación de personas que, según afirman, no pertenecen a la comunidad.
Asimismo, indicaron que parte del área habría sido cercada y que se estarían realizando construcciones improvisadas con fines habitacionales. También manifestaron haber sido objeto de presuntas amenazas e intimidaciones por parte de algunas personas involucradas, quienes, según la denuncia, aseguran contar con respaldo de funcionarios o instituciones vinculadas al sector vivienda.
Ante esta situación, los habitantes de Guasimal Casas solicitaron la intervención de las autoridades competentes para investigar los hechos denunciados, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar la protección de los espacios destinados a proyectos comunitarios que, de acuerdo con los vecinos, beneficiarían a numerosas familias de la zona.